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Multan a Duarte con 36 mil pesos por intervenir en las elecciones


La sanción es consecuencia de su participación en eventos de campaña a favor del PRI
Crédito: No available, No available
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22 de Septiembre 2016
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Por intervenir en las elecciones de junio pasado, el gobernador Javier Duarte de Ochoa fue multado con 500 días de salario mínimo que representan 36 mil 520 pesos.

Este jueves, en sesión ordinaria de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, los diputados avalaron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Como se recordará, los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) encontraron culpable al mandatario veracruzano de intervenir en los comicios anteriores electoral pasado, por lo que ordenaron al Congreso local aplicar una sanción.

Fue el pasado 9 de julio cuando el órgano jurisdiccional determinó que el gobernador participó en actos proselitistas en favor del candidato a la gubernatura por la coalición “Para mejorar Veracruz”, Héctor Yunes Landa, violando así los principios de equidad e imparcial.

En esa sesión, el pleno declaró como ciertos los agravios presentados por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT), en los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) promovidos a finales de 2015 y principios de 2016.

De tal manera que se confirmó que el gobernador participó en eventos partidistas del PRI en días y horas hábiles (27 y 30 de noviembre de 2015 y también en diciembre) para brindar apoyo al entonces aspirante a candidato a gobernador, Héctor Yunes Landa, para lo cual colgó una imagen de una reunión privada en Twitter, vinculada al sitio web del Gobierno Estatal.

En las fotografías se observa una reunión en el rancho “San Julián”, propiedad del papá del también ex aspirante a la gubernatura y actual senador, José Yunes Zorrilla, así como una reunión en Casa Veracruz, residencia oficial del mandatario, donde se trataría la selección del abanderado priista, por lo que dichas acciones, de acuerdo con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y luego de los magistrados del Tribunal del estado, implicó un uso indebido de recursos públicos en favor del PRI.

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