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  • Fiscalía descarta que elecciones en 2017 estén en riesgo


  • El titular de la FEPADE, expresó que pese a los retos que enfrenta ese organismo “el proceso electoral 2017 no está en riesgo”
  • Por Notimex Hace 2 meses
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  • Crédito: Notimex
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  • El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, expresó que pese a los retos que enfrenta ese organismo “el proceso electoral 2017 no está en riesgo”.

    Ante diputados federales, detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales locales han realizado actividades para que los comicios se desarrollen conforme a lo establecido, al igual que los procesos de capacitación de funcionarios y las campañas electorales.

    “Las instituciones del Estado mexicano trabajamos de manera conjunta para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos”, dijo ante la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Públicos en Procesos Electorales de la Cámara de Diputados.

    Dijo que del 1 al 6 de junio se desplegarán agentes del Ministerio Público especializados, peritos y policías en las instalaciones de los institutos electorales, delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en las cuatro entidades donde habrá comicios este año, para que se trasladen a los lugares donde se presenten denuncias.

    Este operativo estará en campo los días previos a los sufragios para atender denuncias y se desarrollará con fiscalías electorales locales y los institutos electorales nacional y estatales, así como con delegaciones y subdelegaciones de la PGR para dar más seguridad al voto.

    Expuso que el objetivo es “acercar el modelo de procuración de justicia penal electoral y rendir a esta Comisión Especial un informe de las investigaciones y consignaciones”.

    Uno de los principales desafíos del actual proceso electoral es el traslado de grandes cantidades de personas de un municipio a otro para que voten indebidamente, el denominado “turismo electoral”; así como la violencia política de género, la posibilidad de actos agresivos y la falta de policías para atender denuncias sobre compra de votos y condicionamiento de programas.

    El funcionario acudió al segundo y último día de trabajos del foro “Marco normativo para el blindaje en el uso de recursos públicos en los procesos electorales locales 2016-2017 en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México”.

    Sostuvo que en tiempos electorales no puede haber eventos masivos de entrega de apoyos, pero tampoco se puede suspender el reparto en un país que tiene 60 millones de pobres. Es impensable.

    Se pronunció por combatir esas prácticas “que tanto daño hacen al modelo democrático del país”.

    A su vez, presidente de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Públicos en Procesos Electorales, Juan Romero Tenorio, demandó a los integrantes del Poder Legislativo dejar a un lado intereses particulares o de grupo y modificar el marco normativo en materia electoral.

    Ello a fin de construir instituciones que garanticen una cultura de la democracia y legalidad de los procesos electorales.

    Informó que solicitará a la Junta de Coordinación Política ampliar el campo de acción de este grupo legislativo, no solamente para vigilar los recursos públicos de programas sociales sino también el uso de recursos ilícitos en las campañas electorales.

    En tanto, la panista Minerva Hernández Ramos destacó que el blindaje a los programas sociales es una obligación del Estado y de las instituciones.

    Advirtió que el uso de recursos públicos con fines electorales es una forma de corrupción, porque se abusa de una posición de poder para obtener un beneficio indebido a costa del bienestar de la gente.

    Mientras que la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow, coincidió en que el uso de recursos públicos y otros no permitidos en las campañas electorales generan corrupción y repercuten en el ejercicio del cargo de quien ganó un puesto de elección popular.

    Destacó que se hizo un gran esfuerzo con la Ley General de Delitos Electorales, pero también debe haber conciencia ciudadana.

    “En la medida en que nos esforcemos en velar porque los recursos públicos y los programas sociales no se condicionen, y en caso de percibir una acción irregular la hagamos del conocimiento del INE y la Fepade, vamos a visualizar la efectividad de las leyes electorales en el ámbito acusativo como en el penal”.

    No hay manera de permitir que los recursos de programas sociales se dejen de aplicar, lo que está prohibido es utilizarlos para fines electorales y lo que tiene que hacer la ciudadanía es acotar su condicionamiento ejerciendo libremente su voto, añadió.

     

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