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Designará Legislatura de Veracruz al titular de la Contraloría General


Durante la tercera sesión ordinaria, del tercer año de labores, el Pleno avaló con 43 votos a favor, una abstención –del diputado Eladio del Ángel Zumaya- y ninguno en contra, la reforma constitucional para la designación del contralor general
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19 de Mayo 2016
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Los diputados de la LXIII Legislatura de Veracruz aprobaron el dictamen –en su segunda etapa- de reforma constitucional por el cual se faculta al Congreso de Veracruz para que con las dos terceras partes de sus miembros, a propuesta del Ejecutivo estatal, designe al titular de la Contraloría General del Estado (CGE).

Durante la tercera sesión ordinaria, del tercer año de labores, el Pleno avaló con 43 votos a favor, una abstención –del diputado Eladio del Ángel Zumaya- y ninguno en contra, la reforma constitucional para la designación del contralor general.

En caso de que la persona propuesta para ocupar el cargo no obtenga el voto aprobatorio requerido para ser designado, el Ejecutivo Estatal podrá enviar tantas propuestas como sean necesarias, hasta lograrse la mayoría de votos requeridos.

El dictamen del decreto que modifica diversas disposiciones de los artículos 33 y 49 de la Constitución Política estatal, brinda atribuciones al Congreso del Estado para legislar en materia local anticorrupción. El objeto, la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Derivado de la aprobación de este dictamen deberá instalarse de manera permanente un Comité Coordinador Anticorrupción que estará integrado por los titulares en el Estado del Órgano de Fiscalización Superior, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría General, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y un representante ciudadano destacado por su contribución a la transparencia y combate a la corrupción.

Como resultado de esta segunda aprobación por parte de la Legislatura del Estado, este decreto se enviará a los 212 ayuntamientos para que en un plazo máximo de 60 días la analicen en sesión de Cabildo y remitan su acta a la Secretaría General del Poder Legislativo con el sentido de su voto.

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