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  • Repliegue táctico del Ejército en 2013-2015 aumentó delincuencia

  • Por: Carlos Ramírez/ Indicador Político

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  • El principal problema que enfrenta la inseguridad es el dominio mediático de las circunstancias. Ahora que se niega la Ley de Seguridad Interior para forzar al retiro del Ejército de las labores vinculadas a la seguridad nacional contra el crimen transnacional, hay datos que debieran alarmar.

    El Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016, del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia y el Instituto Belisario Domínguez, revela que en el periodo 2013 a 2015 el Ejército disminuyó en alrededor de 30 por ciento el número de efectivos para seguridad interior, pero la criminalidad hizo fiesta: el crimen bajó en 2013-2014 pero la delincuencia se percató que había menos militares en las calles y de 2014 a 2015 aumentaron los homicidios dolosos en 8.8 por ciento y las narcoejecuciones en 20.2 puntos porcentuales.

    La crisis en la seguridad no debiera verse en los datos de bajas en el crimen organizado, sino en el fracaso de la estrategia de seguridad que en realidad ni siquiera ha alcanzado la dimensión de una estrategia, porque ésta debe ser el conjunto de decisiones prácticas basadas en un plan integral de batalla. La ofensiva contra los cárteles de la droga es apenas una táctica limitada.

    El plan de lucha contra la delincuencia de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se redujo a la táctica llamada kingpin –de cómics– o liquidación de capos, no para construir una nueva seguridad interior. Y ante la falta de una integralidad de recursos y facultades, la misión se pasó a las Fuerzas Armadas.

    La política de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se concretó a distribuir dinero a manos llenas a gobiernos estatales y municipales, pero sin programas de rendición de cuentas ni exigencia de correlación presupuesto-resultados. En una entrevista en el programa radiofónico “La Agenda de Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno”, el experto Raúl Benítez Manaut, coeditor del Atlas, dijo que los gobernantes estatales y municipales sencillamente “se robaron” el dinero de la seguridad.

    Una nueva estrategia –mejor: una verdadera estrategia– de lucha contra el crimen organizado debería incluir mecanismos de supervisión de tareas, exigencia de cuentas a gobernantes estatales y municipales de cada peso entregado, revisión semestral de tareas y construcción de una base de datos sobre policías.

    Los planes de Calderón y Peña Nieto han tenido más defectos que resultados: dispersión, corrupción, desorden, descuidos, ausencia de variables de medición de resultados y carencia total de inteligencia.

    Del 2000 al 2016, el Gobierno Federal ha destinado casi 1.5 billones de pesos (7 por ciento del PIB de 2017) a oficinas de seguridad y defensa –Sedena, Marina, CNS, PGR y CISEN–, pero en ese periodo las cifras de inseguridad, crimen organizado y narcotráfico han aumentado porque el problema no es de gasto operativo sino de estrategia fallida. Y muchos miles de millones se han entregado a estados y municipios donde la criminalidad ha crecido, sin que alguien exija cuentas.

    Los casos, entre otros, de Mario Villanueva, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Leonel Cota, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Rodrigo Medina, Humberto Moreira, Ángel Aguirre, Andrés Granier, Jesús Reyna, Graco Ramírez y Roberto Sandoval –gobernadores con entidades hundidas en la criminalidad– y la Ley de Seguridad Interior deben llevar al replanteamiento general de la seguridad del Estado, a partir del reconocimiento que la estrategia 2007-2017 no ha sido una estrategia y ha fracasado.

    Política para dummies: La política es la valentía para saber reconocer los errores, pero con el fin de enmendarlos y no de achacárselos a otros.

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