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  • Las manos manchadas

    Filiberto Vargas Rodríguez

    Contrario a lo que muchos piensan, si en México no se han endurecido las leyes contra el lavado de dinero no se debe a las bandas dedicadas al narcotráfico. No, los más interesados (que además son los más influyentes) son los políticos. No importa de qué partido sean. Todos necesitan resquicios en la ley para esconder sus fortunas mal habidas.

    En México prevalece el apotegma del maestro Carlos Hank González: “El político pobre es un pobre político”.
    Dice el joven y exitoso empresario Omar Yunes Márquez que son falsos los señalamientos hacia él y su esposa de pretender ocultar transacciones millonarias a través de paraísos fiscales. Dice que se trata de un ataque hacia su persona “por formar parte de una familia que ha sido crítica hacia el sistema”.

    En esa lógica, debemos suponer que los 376 periodistas miembros de cien medios de comunicación de 78 países, que participaron la investigación conocida como “Los Papeles de Panamá” se coludieron para atacar a la familia Yunes-Márquez.
    El escándalo se hizo público en todo el mundo este fin de semana.
    Se trata de una filtración de más de 11.5 millones de documentos robados en 2015 de los servidores del despacho de abogados Mossack Fonseca, dedicado a la gestión de sociedades offshore (el término se refiere a empresas o sociedades constituidas en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos, lo que tal vez no sea ilegal, pero sí inmoral).

    Aunque la oficina principal es panameña, se trata de una firma internacional en la que trabajan más de 600 personas en delegaciones para 42 países. Los Papeles de Panamá han revelado que entre los clientes de Mossack Fonseca hay 143 políticos, sus familiares o asociados.
    Es la revelación más grande de la que se tenga conocimiento. Por las dimensiones de la información, es 46 veces mayor que Wikileaks. Es, además, el proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro.

    La investigación revela que uno de los más importantes clientes de ese consorcio jurídico es el empresario mexicano Juan Armando Hinojosa Cantú, quien fuera consuegro de Fidel Herrera Beltrán y también se viera envuelto en un escándalo mediático luego de que se revelara que se prestó para ocultar el origen de la residencia propiedad de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto (la llamada “Casa Blanca”).

    Las empresas dedicadas a la colocación de fondos de diversos países deben cumplir con severos estándares de revisión y supervisión, lo que se conoce como “debida diligencia”. Uno de los criterios que deben revisar antes de cerrar una negociación, es si sus potenciales clientes se ubican en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés).
    Es el caso del joven y exitoso empresario veracruzano.
    El reportaje menciona:
    “Entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. El empresario avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa. La operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió, pero el departamento de debida diligencia de Mossack Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como PEP expuesto a familiares hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez”.

    El señalamiento surgido de la investigación “Los Papeles de Panamá” refuerza las denuncias penales radicadas tanto en la PGR como en la Fiscalía de Veracruz, por enriquecimiento ilícito de los miembros de la familia Yunes-Márquez.

    En la Fiscalía General del Estado fue iniciada la investigación contra Miguel Ángel Yunes Márquez con el folio número 45E/2015. En ella se le señala de poseer una residencia cuyo valor sería superior a los 36 millones de pesos, lo que -en opinión de los diputados priistas que presentaron la denuncia- es una cifra “inalcanzable” para un servidor público que ha sido dos veces alcalde y una vez diputado local.

    Hay, además, una investigación a nivel federal, la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015, en la que se señala a Miguel Ángel Yunes Linares por un presunto peculado durante su gestión como Director General del ISSSTE.

    Miguel Ángel Yunes Linares, quien inició el pasado domingo su campaña por la gubernatura, dice haber entregado ya su declaración “Tres de Tres”, con la que se transparentarían sus bienes, los de su esposa y sus hijos, así como sus declaraciones fiscales, pero nadie la conoce.
    Todo esto sucedió apenas en el primer día de campañas políticas en Veracruz.
    Por lo que se ve, el lodo alcanzará niveles nunca imaginados.

    filivargas@gmail.com

     

     

     

     

     

     

     
    DAF

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