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Inseguridad por flojas leyes penales y policías improvisados

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Los cuerpos de seguridad pública han carecido de programas de profesionalización
31 de Octubre 2016
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A lo largo de diez años de ofensiva del Estado contra el crimen organizado, las quejas se han centrado en las Fuerzas Armadas sin reconocer que sólo su intervención pudo contener y hacer retroceder a los cárteles.

Pero hay otro pasivo que es mucho más grave: las Fuerzas Armadas entraron a la seguridad pública por la puerta legal y constitucional de la seguridad interior, pero por el fracaso, corrupción y abandono de las fuerzas policiacas de seguridad pública.

El gobierno panista de Vicente Fox creó en el 2000 la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la desapareció y trasladó sus funciones a nivel de Comisión Nacional de Seguridad; ahora el PAN ha lanzado la iniciativa de reinstalar la Secretaría de Seguridad Pública.

En todos estos vaivenes de los últimos dieciséis años, los cuerpos de seguridad pública han carecido de programas de profesionalización. Existen en el país 420 mil policías preventivos en los tres niveles de gobierno, pero sin ninguna capacitación para el alto grado de violencia criminal. Cuando estalló la crisis policiaca por el secuestro y asesinato de Fernando Martí en el 2008, una reunión presidencial con funcionarios y sectores prometió la reforma policial; han pasado ocho años y la situación de deterioro policiaco es peor, salvo por el mecanismo de mando único, pero con los mismos policías.

La crisis del sistema policial ha rebasado a las autoridades. El deterioro del sistema civil de seguridad pública se explica por la radicalización de la violencia de los grupos criminales, el contrabando y venta ilegal de armas de alto calibre y superior al de las policías y, sobre todo, su capacidad de corrupción. Policías municipales de casi toda la república siguen al servicio de los grupos criminales, las autoridades lo saben y, a pesar de ello, no existen programas urgentes de profesionalización y capacitación.

Este deterioro del sistema civil de seguridad llevó a utilizar a las Fuerzas Armadas ante el control territorial en algunas partes de la república por cárteles del crimen organizado en Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Baja California; los liderazgos criminales no sólo corrompieron a las autoridades municipales y estatales, sino que llegaron al desafío de sustituir la acción del Estado en la operación de oficinas públicas.

Ante el aumento de la acción criminal, la falta de seguridad jurídica en las Fuerzas Armadas y de nueva cuenta la exigencia ciudadana de seguridad, la estructura civil –ejecutivo, legislativo y judicial, gobiernos estatales y municipales y fuerzas sociales– deben darle prioridad a la reorganización de las fuerzas civiles de seguridad como política de Estado para arribar a una política pública de seguridad.

Si no lo hacen, el crimen organizado habrá derrotado al Estado.

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