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  • El cártel de Ayotzinapa

  • Por: Vladimir Galeana

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  • En lugar a dudas si algo ha caracterizado a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en el paraje de Ayotzinapa del Municipio de Tixtla, en Guerrero, es su proclividad al ejercicio de la violencia cuando de alcanzar prebendas se trata. Para decirlo más claro y rotundo, los normalistas han logrado ser identificados como uno de los cárteles delincuenciales más peligrosos y violentos del país.

    Al “cártel” se le define como la organización ilegal que se dedica al tráfico de armas o drogas, y aunque seguramente esta afirmación causará un acalorado debate, los muchachos que se dicen estudiantes tienen mucha relación con las bandas de narcotraficantes que operan en la Región de la Montaña, una de las zonas más pobres y atrasadas de la geografía nacional. Pero también hay que decir que esta circunstancia no es nueva, y mucho menos un secreto.

    Los “teólogos de la liberación” que mantienen el membrete de “Tlachinollan” como organización de derechos humanos, han colaborado con las bandas criminales empleando a las etnias para que cuiden los sembradíos de amapola de las laderas de los cerros de la intrincada geografía de la mixteca guerrerense. Para ello también han utilizado de escudo a los muchachos más pobres de las regiones del estado que llegan a estudiar a la Normal de Ayotzinapa.

    Antes que transformarlos en estudiantes, los convierten al nuevo credo ideológico surgido en el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín en 1968, y son adoctrinados para enfrentar y confrontar de forma violenta a las autoridades educativas y de gobierno. A ello hay que sumar que si los estudiantes quieren comer dos o tres veces al día tienen que salir a “botear”, y como es la zona más empobrecida, se ven obligados a robar para satisfacer los requerimientos de quienes los encabezan.

    Al cabo del tiempo se transforman en peligrosos elementos con habilidades propias de los cárteles de la droga, y no pasan muchos días antes de emprender acciones tendientes a emplear la violencia y el asalto como un recurso para ministrarse poder y dinero. La estafeta de estudiantes les ha permitido operar impunemente sin recibir castigo alguno, aunque eso no quiere decir que los delitos cometidos no vayan a ser castigados.

    Ayotzinapa se ha convertido en sinónimo de delincuencia organizada y violencia. Que los estudiantes pertenezcan a las familias más pobres del estado no justifica su vocación por el delito. “El cártel de Ayotzinapa” es una lamentable realidad de la pobreza de Guerrero y de ello se aprovechan los narcotraficantes de la zona, pero la ley tiene que ser aplicada. Ser estudiante y pobre, no son excluyentes de responsabilidad. Al tiempo.

    Vladimir.galeana@gmail.com

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