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Desaparecidos ayer y hoy

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Ayer, hace 40 años inició la huelga de hambre de madres y familiares de desaparecidos en las afueras de Catedral, protesta que estaba empeñada en llegar hasta el segundo informe de gobierno de José López Portillo
29 de Agosto 2018
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Los estilos de gobernar, la oratoria política y la propia justificación de una amnistía cambian con el tiempo. Ayer, hace 40 años inició la huelga de hambre de madres y familiares de desaparecidos en las afueras de Catedral, protesta que estaba empeñada en llegar hasta el segundo informe de gobierno de José López Portillo. Pero eso no ocurrió, porque el grupo fue conminado a suspender la huelga y el propio presidente ofreció una amnistía para presos y perseguidos políticos, para que exiliados pudiesen retornar al país sin ser encarcelados, además de la promesa de búsqueda de los desaparecidos, que sumaban más de 500 en las listas de ese grupo, el cual se convirtió después en el Comité Eureka. Recuerdo que Jolopo llamó a los estudiantes “jóvenes idealistas equivocados”.

Vale la pena, argumentó López Portillo, “abrir nuevas y libres oportunidades a quienes bajo la influencia de algún móvil político se encuentran recluídos o prófugos, porque incurrieron en delitos, o formando grupos de disidencia extrema, pero que no han intervenido en delitos contra la vida o la integridad corporal”. Eran, en la visión del mandatario, jóvenes surgidos de marginaciones sociales y económicas, que expresaron su inconformidad “por la vía equivocada del delito”. Que estos ciudadanos “vuelvan a sus hogares, se reintegren a la actividad ciudadana que el país reclama y concurran a las responsabilidades del quehacer nacional”.

Cerca de mil 500 presos políticos abandonaron las cárceles, se cancelaron dos mil órdenes de arresto, tuvieron la oportunidad de retornar 57 exiliados y lograron salir de cárceles clandestinas hasta 148 desaparecidos, el mayor logro del histórico grupo de familiares fundado en 1977.

También en agosto, pero de 2008, fueron desaparecidos por los rumbos serranos de Atoyac, en Guerrero, los michoacanos Jesús Salvador y Raúl Trujillo Herrera, cuya madre María Herrera confrontó en 2011 al entonces presidente Felipe Calderón en el Alcázar de Chapultepec. Le dijo que ambos eran michoacanos y que por su culpa se criminalizaba a sus paisanos, a donde quiera que se presentaran, pues el mandatario se encargó de pintarlos como delincuentes desde que inició su “guerra” contra el narco, precisamente allí, en la tierra natal de los dos. Calderón se paró para abrazar a doña María Herrera, quien sostenía en el pecho cuatro fotografías de cuatro de sus hijos víctimas de desaparición forzada. Luis Armando y Gustavo se esfumaron entre Poza Rica y Vega de la Torre, al norte de Veracruz, el 23 de septiembre de 2010. Le espetó mostrándole las fotos: “Mírelos bien, éstos son los rostros de sus estadísticas, tienen un nombre y una familia que los quiere de regreso”, pues antes Calderón había hablado de buscar hasta encontrar a esas “víctimas colaterales” de la violencia.

Los hermanos Trujillo Herrera, desde Pajacuarán, Michoacán, salían a recorrer pueblos por todos los rumbos del país para comprar y vender pedacería de oro y plata y entregaban anillos, aretes, medallas, cadenas, esclavas, pulseras a pedido. Viajaban en camionetas y llevaban dinero en efectivo para el negocio. Decenas de jóvenes oriundos de Pajacuarán se sumaron a ese comercio.

En aquel poblado de 10 calles de ancho por 12 de largo, con poco más de nueve mil habitantes, ocurrieron al menos 70 desapariciones de jóvenes en unos cuantos años.

Una década en este caso trágico y cuatro décadas de búsqueda de viejos activistas sociales convergen hoy en una sola lucha.

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