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  • Crímenes de lesa humanidad

  • Por: Vladimir Galeana/La Coyuntura

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  • Hay cosas que ocurren en las decisiones de Gobierno que lastiman a muchos sectores poblacionales, que lesionan a otros, que discriminan a los demás, o que están dirigidas a causar un efecto directo en la conciencia popular. Así funcionan los gobiernos, así han funcionado desde hace muchos años y seguramente seguirán funcionando igual después de que hayamos agotado todas las instancias para reforzar y fortalecer a eso que denominamos “democracia”.

    La historia registra sucesos en los cuales los gobernantes se convierten en los principales opresores o impulsores del daño colectivo, y eso es lo que ha desencadenado muchos de los movimientos armados en casi todas las latitudes del mundo. Lo que nunca imaginamos es que en México ocurrieran hechos tan vergonzosos y que sigan sin castigo, simplemente porque a quien encabeza el país no se le viene en gana hacerlo, aunque tenga suficientes elementos para ello.

    La complacencia para que Javier Duarte de Ochoa, César Duarte, Roberto Borge, los hermanos Moreira, Ángel Aguirre Rivero, y muchos más, hicieran de las suyas al frente de los gobiernos estatales, convertirá al sexenio de Enrique Peña Nieto en uno de los más oscuros de la historia de este país por la permisibilidad para la comisión de delitos sin que haya castigo de por medio.

    Ángel Aguirre Rivero sigue tan campante después de provocar una tragedia como la de los normalistas de Ayotzinapa. Roberto Borge aparte de saquear Quintana Roo contó con todo el permiso para irse a radicar a Canadá pese al hurto que organizó con sus amigos. Javier Duarte de Ochoa contó con la complacencia y el apoyo para fugarse después del desastre que dejó en Veracruz por el cínico saqueo de 35 mil millones de pesos de las arcas públicas.

    Pero eso no fue todo, ahora resulta que también puede ser imputado por crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, al permitir el suministro de falsas quimioterapias a niños con cáncer, aplicándoles solamente agua destilada. Esa es la denuncia que hizo el actual gobernador Miguel Ángel Yunes, y está obligado a presentar las pruebas y a pedir que se investigue toda la cadena delincuencial que conformó su antecesor.

    Directores de hospitales, jefes de servicios médicos, doctores, enfermeras, y todo tipo de trabajadores inmiscuidos tienen que responder por la infamia que ha relatado el señor Yunes.

    También la empresas farmacéuticas que consintieron que se utilizara un material inadecuado para engañar a esos familiares que ahora pueden presentar las denuncias correspondientes. No es tan solo el saqueo del dinero, es el asesinato consentido de enfermos de cáncer. Toda la cadena de responsables tienen que ir a parar a la cárcel, y el señor Yunes tiene que encabezar las denuncias y las investigaciones. Solamente espero que no haya sido una maquinación para mantener la atención de la gente en el señor Duarte de Ochoa. Al tiempo.

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