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  • Redacción

    Han pasado ocho meses desde el asesinato de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Milena Virginia Martín, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México el 31 de julio del 2015, y las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), no ha podido hacer una reconstrucción de hecho, ni tiene móvil del crimen.

    Rubén, fotógrafo de esta agencia de noticias, y corresponsal de Proceso y Cuartoscuro había huido de Veracruz, dos meses antes, debido a que fue objeto de amenazas y hostigamiento.

    Leopoldo Maldonado, abogado de artículo 19, coadyuvante en el caso, critica que la Procuraduría capitalina no ha aplicado el protocolo de investigación para la atención de delitos cometidos en agravio de los periodistas en el ejercicio de su actividad. Por ello no se han tomado las medidas necesarias para evitar la filtración de los datos contenidos en la investigación.

    Además con la violación de protocolos internos y faltando a la normatividad, la Procuraduría del DF ha filtrado información sobre el caso, de manera ilegal y dolosa a medios de comunicación, en perjuicio de las víctimas, de la opinión pública y de la libertad de prensa.

    “Las autoridades, han sido omisas en investigar a fondo la línea sobre la labor periodística de Rubén Espinosa, así como los antecedentes de agresiones, hostigamientos y amenazas que sufrió, relacionándolos con su asesinato”, dijo.

    El abogado escribe su columna Altoparlante, donde señala que en el caso de la colonia Narvarte, se puede ligar con Veracruz con la Ciudad de México, y se lanza la pregunta: “¿Qué conecta a Veracruz, territorio de cacicazgos y ejercicios autoritarios de poder, con Ciudad México, antaño espacio de mayores libertades? La respuesta la encontramos en un caso: Narvarte. El patrón: la impunidad y la estrategia encaminada para lograrla”.

    El abogado señala que la primera estrategia de ambos gobiernos para garantizar impunidad, fue desprestigiar y estigmatiza a las víctimas: “En Veracruz acabamos de ser testigos del terrible caso de Anabel Ortega. La periodista era amiga y pareja de un narco de la región, dice la propia Fiscalía. Días después, el propio Fiscal se deslinda, y -dice- todo fue culpa de su oficina de comunicación social. El daño estaba hecho”.

    El segundo punto a su consideración es agotar líneas de investigación sólidas de manera superficial para justificar un posterior descarte y pone como ejemplo, la estrategia de la impunidad en el caso de Moisés Sánchez, desparecido el 02 de enero de 2015 y encontrado su cuerpo 22 días después, “fue dirigir toda la artillería del Ministerio Público contra el alcalde de Medellín, lugar de residencia del periodista. Con base en una imputación floja, carente de pruebas suficientes, se desaforó al edil. Meses después, éste gana un amparo… por falta de pruebas que lo incriminen”.

    También dijo que la hipótesis oficial sobre los crímenes descarta el ejercicio periodístico desde los primeros momentos de la investigación, y aquí puso el caso de Regina Martínez, donde la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz determinó que se trató de un intento de robo, pretendiendo darle un tinte adicional de crimen pasional.

    “El cuarto sería que la narrativa oficial pretende adquirir fuerza a través de la voz de los propios inculpados. Ello, semanas después, encontraría un fuerte revés ante alegaciones de tortura e incomunicación por parte de los procesados, como sucedió en los asesinatos de Regina y Gregorio Jiménez”.

    Señaló que en el caso de la Narvarte ha ocurrido lo mismo “dos de los presuntos responsables alegan tortura, independientemente de si trata una estrategia de defensa o no, es algo que se debe investigar y descartar. Asimismo, revela la pobreza de estándares de prueba que prevalece en nuestro sistema de procuración de justicia, el cual busca sostener una versión de los hechos investigados en confesiones y otras pruebas circunstanciales de menor valor”.

    El abogado concluye que con todos los elementos anteriores se pueden tener puntos de confluencia entre Veracruz y Ciudad de México que son más que el número de agresiones a la prensa.

    “Este radica en la activación de una estrategia de impunidad basada en una construcción discursiva que estigmatiza a las víctimas, descarta el ejercicio periodístico como móvil de los crímenes, realiza un agotamiento frívolo de esta línea de investigación y sustenta las investigaciones en bajos estándares probatorios como las confesiones”, finaliza.

     

     

     
    DAF

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